La falta de arraigo domiciliario fue el principal argumento para que un juez de Huaraz acceda al pedido del Ministerio Público. Ocho funcionarios y una empresaria recibieron la misma medida coercitiva.

El año 2020 no pudo terminar peor para el gobernador regional Juan Carlos Morillo Ulloa. La Corte Superior de de Justicia de Áncash ordenó nueve meses de prisión preventiva para él, los que cumplirá en el penal de Huaraz. Similar suerte corrieron nueve funcionarios del gobierno regional y la empresaria Ninel Romero Bartuziak.

La noche del último jueves y tras una audiencia de dos días, el titular del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, Derby Quezada Blanco, declaró fundado el pedido del Ministerio Público para dictar la detención del gobernador y los demás implicados en un supuesto acto de corrupción durante la construcción de ambientes covid en el hospital Eleazar Guzmán Barrón.

El juez basó su decisión en la falta de arraigo familiar y domiciliario de Juan Morillo, quien en el primer caso tiene denuncias por agresión familiar y en el segundo no pudo acreditar su lugar de residencia actual, lo que supone un peligro de fuga. El mismo argumento, falta de arraigo, se usó para dictar la prisión de los otros investigados.

Morillo Ulloa es investigado como autor del delito de colusión agravada. Según el Ministerio Público, se puso de acuerdo con sus funcionarios para favorecer a la empresa Quimera S. A. C., de Ninel Romero, con la contratación directa para la construcción de un ambiente en el hospital regional, como parte del Plan Covid Áncash.

Durante la audiencia, el fiscal anticorrupción Robert Rojas Ascón puso en evidencia algunos hechos graves como que el presupuesto del proyecto aumentó más de tres millones de soles en cinco días, sin cotizaciones ni sustento técnico. O que se escogiera a la empresa Quimera S. A. C. a pesar de que no tener experiencia en construcción de hospitales.

Morillo, quien ya había cumplido siete días de detención preliminar en la carceleta de la Corte de Justicia de Áncash y luego en una clínica, deberá ahora afrontar la etapa preparatoria de este proceso judicial en prisión. De nada sirvió que llevara un balón de oxígeno a la sala de audiencias, alegando secuelas de la covid que padeció.

Las otras personas con orden de prisión preventiva por nueve meses son:

  • Jhony Constantino Muñante Quispe (exgerente general) (AUTOR)
  • Pedro Velezmoro Sáenz (gerente de Infraestructura) (AUTOR)
  • Jiordano Renzo Alva Pinedo (responsable de la elaboración del IOARR) (AUTOR)
  • Ítalo Brayan Kiyoshi Lon Kan Pérez (encargado de la evaluación del IOARR) (AUTOR)
  • Juan Wilson Mendo Sánchez (subgerente de Administración) (AUTOR)
  • Ángel Enrique Velásquez Abanto (subgerente de Abastecimiento) (AUTOR)
  • William Percy Rojas Vereau (gerente de Estudios y Proyectos) (AUTOR)
  • Ninel Romero Bartusiak (dueña de Quimera S. A. C.) (CÓMPLICE)

Finalizada la audiencia antes de las 10 de la noche de hoy, el juez dispuso el traslado y el internamiento de todos los investigados ya detenidos al penal de Huaraz. Y ordenó que se proceda con la captura de Ítalo Kiyoshi y Ninel Romero.

(Redacción El Ferrol)


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