Megaoperativo detectó 399 hechos irregulares en proyectos que superan los 145 millones de soles.
La Contraloría General de la República detectó 399 hechos irregulares cometidos en la ejecución de proyectos de las diferentes entidades públicas de Áncash, cuyos presupuestos suman en total más de 145 millones de soles.
Los hechos irregulares fueron cometidos por 153 funcionarios entre directivos y servidores, a quienes se identificó como autores de 314 presuntas responsabilidades (177 administrativas, 101 civiles y 36 penales). Los implicados pertenecen tanto al gobierno nacional, el gobierno regional y las municipalidades provinciales y distritales.
RESULTADOS DEL MEGAOPERATIVO
El hallazgo fue dado a conocer durante la presentación de los resultados del Megaoperativo de Control de Áncash, desarrollado desde el 15 de diciembre del año 2020 y en el cual se supervisaron 239 entidades públicas: 162 correspondientes a gobiernos locales, 39 al gobierno regional y 38 al gobierno nacional.
El megaoperativo tuvo 1043 intervenciones a las entidades públicas ancashinas, de las cuales 723 correspondieron a servicios control posterior y simultáneo. Cifra que superó en 24 % la meta programada (582) y significó el despliegue de 346 auditores en las 20 provincias de la región.
En el acto de presentación de resultados, trasmitido vía Facebook Live, el contralor general Nelson Shack Yalta informó que con el control posterior se examinaron recursos públicos por S/ 177,8 millones, de los cuales S/ 145,2 millones fueron observados. Es ahí donde se identificaron responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Además, se precisó que los 399 hechos irregulares fueron resultado de 396 servicios de control posterior ejecutados (15,8 % más de la meta programada); de ellos, 30 correspondieron a servicios de control específico, 363 acciones de oficio posterior y tres auditorías de cumplimiento.
Casos emblemáticos
La labor de los auditores permitió detectar un perjuicio económico de S/ 1 382 681 en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote e identificó a 22 funcionarios y servidores involucrados en el presunto pago irregular de aguinaldos en Fiestas Patrias y Navidad, de julio 2015 a julio 2020, por montos mayores a los establecidos en la normativa presupuestaria (Informe N.° 015-2020-2-3948).
También en la Unidad de Gestión Educativa Local de Recuay se identificaron presuntas responsabilidades en materia penal y/o administrativa de 17 funcionarios y servidores públicos que otorgaron incentivos laborales a favor de sí mismos y de trabajadores administrativos durante el 2019, incrementando los montos en los requerimientos de remuneraciones sin considerar la normativa aplicable y causando un perjuicio económico de S/ 767 332.
Lo mismo ocurrió en la Red de Salud Conchucos Norte, donde también se pagaron incentivos a escalas superiores a la aprobada por la Dirección Regional de Salud de Áncash, ocasionado perjuicio de S/ 475 000.
Otro caso emblemático presentado corresponde a la Municipalidad Provincial de Pallasca, que otorgó conformidad a liquidación de una obra, pese a presentar daños estructurales y causando perjuicio en contra de la entidad por S/ 790 855. Se trata de los trabajos de mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular al cementerio en la ciudad de Cabana.
En relación a servicios de control concurrente relevantes, el contralor Nelson Shack, indicó que la Subgerencia de Control de Megaproyectos ha advertido deficiencias en los estudios de ingeniería para obras que ejecuta la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios en 10 colegios de Áncash por S/ 79 millones. Así como retraso e incumplimiento del expediente técnico aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el mejoramiento de la infraestructura vial en las provincias de Casma, Pallasca y El Santa por S/ 126 millones.
AÚN FALTA MÁS
Shack señaló que existen 32 servicios de control simultáneo y posterior (auditorías de cumplimiento) que se encuentran en proceso y examinan más de S/ 100 millones, cuyos informes serán emitidos en las próximas semanas, y corresponden a la fiscalización en el uso de recursos públicos en 10 Unidades de Gestión Educativa Local, 13 municipalidades provinciales, Gobierno Regional de Áncash y otros.
(Con información de Contraloría)
