Ministro Figallo opina que apelaciones de procesados deben resolverse pronto.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figallo, descartó que haya “presión política” para fiscalizar a los gobiernos regionales, entre ellos al de Áncash, por casos de presunta corrupción y, además, garantizó que el país vive un estado de pleno respeto del derecho constitucional.
En los últimos días se han abierto procesos de investigación fiscal y judicial contra los presidentes regionales César Álvarez (Áncash), Gerardo Viñas (Tumbes), Klever Meléndez (Pasco) y Gregorio Santos (Cajamarca), algunos con orden de detención preventiva, y habría más casos en camino.
“No hay presión política de ninguna naturaleza, aquí en este país se respeta la separación de poderes y funciones, la Procuraduría Pública puede armar un caso y presentarlo a modo de solicitud ante la Fiscalía”, afirmó el titular de Justicia.
Refirió que la Fiscalía “tiene la titularidad de la acción penal” y es la única con la posibilidad, en estos casos de presunta corrupción de funcionarios regionales y locales, de denunciarlos ante un juez, quien finalmente es el que decide abrir un proceso o no.
APELACIONES
Asimismo, señaló que a fin de garantizar el debido proceso las apelaciones por parte de la defensa de las autoridades investigadas y con procesos penales deben resolverse lo más rápido posible, a fin de que permanezcan en prisión quienes deben estarlo y los que puedan concurrir al Poder Judicial bajo el mecanismo de comparecencia, lo hagan.
“Esto tiene que hacerse lo más rápido posible, pero sin duda hay que ver con buena luz en el camino de este túnel que atravesamos que las autoridades ya están tomando las acciones correspondientes”, precisó.
(Con datos de Andina)
