Varios de estos recursos han sido devueltos por vicios en su planteamiento.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte del Santa ha recibido un total de 37 apelaciones a las resoluciones de orden de prisión preventiva dictadas por el juez Richard Concepción Carhuancho, en el curso del sonado caso de corrupción La Centralita. Sin embargo, se informó que la mayoría de estos recursos legales ha tenido fallas de forma, por lo que han sido devueltos a las defensas para que sean replanteadas.

Todas estas apelaciones deberán ser resueltas por la Sala de Apelaciones de la Corte superior del Santa, una vez que el Tercer Juzgado corra traslado de los mismos.

Hasta el momento, el juez Carhuancho ha dictado 45 órdenes de prisión preventiva para los investigados. Seis ya se encuentran cumpliendo este mandato en el penal de Cambio Puente y en el caso de las demás personas, la Policía informó que ya tiene un plan estratégico para su ubicación y captura, incluso, si fuera necesario, en otros países.

MÁS ACUSADOS

A partir del 18 de este mes se empezarán a realizar todas las audiencias que quedaron pendientes. Entre ellas, la de Milagros Asián Barahona, esposa del investigado César Álvarez. Su caso aún está en suspenso, luego que el fiscal Laureano Añanca Chumbe anunciara que revisará los elementos de convicción en los que sustenta sus acusaciones contra ella. Se entiende que esta audiencia también sería reprogramada.

En el caso “La Centralita” hasta ahora se investiga a autoridades, funcionarios, empresarios, periodistas y trabajadores de las áreas de Imagen Institucional de entidades públicas como Subregión Pacífico y Proyecto Especial Chinecas, dependientes del Gobierno Regional de Áncash.

Las autoridades presumen que “La Centralita” era el principal centro de operaciones de una organización criminal que operó en Áncash liderada por el suspendido presidente regional de Áncash, César Álvarez.

(Con datos de Andina)

Acusados con mandato de reclusión suman 45 en sonado caso judicial.

El periodista Luis Armando Villaverde Robles y el reportero gráfico José Yonnel Bonilla Luna deberán afrontar prisión preventiva por el plazo de 18 meses por disposición del titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa, Richard Concepción Carhuancho.

El juez declaró fundado el pedido del fiscal Anticorrupción Laureano Añanca Chumbe, quien sostuvo que el periodista ‘comando’ Villaverde habría vendido la línea editorial de su programa periodístico televisivo para favorecer a César Álvarez Aguilar y atacar a los opositores de la autoridad. Su servicio era solventado con el dinero del diezmo.

Del mismo modo, Bonilla habría laborado como “fotógrafo de planta” para el presidente regional, sin emitir comprobantes de pago, ni figurar en planilla alguna. En su historial laboral no registra ningún contrato formal con ninguna institución desde el 2006 hasta este año, lapso que coincide con el periodo de mandato del procesado César Álvarez.

Ambos acusados habrían sido parte del brazo periodístico de la supuesta organización criminal que operaba en el inmueble conocido como La Centralita, por ese motivo son acusados por el delito de asociación ilícita para delinquir y peculado.

DATO

Con estas dos últimas órdenes de prisión preventiva, suman 45 las personas que deberán seguir su proceso por el caso La Centralita desde la cárcel.

(Deivis Castro)

Ministro Figallo opina que apelaciones de procesados deben resolverse pronto.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figallo, descartó que haya “presión política” para fiscalizar a los gobiernos regionales, entre ellos al de Áncash, por casos de presunta corrupción y, además, garantizó que el país vive un estado de pleno respeto del derecho constitucional.

En los últimos días se han abierto procesos de investigación fiscal y judicial contra los presidentes regionales César Álvarez (Áncash), Gerardo Viñas (Tumbes), Klever Meléndez (Pasco) y Gregorio Santos (Cajamarca), algunos con orden de detención preventiva, y habría más casos en camino.

“No hay presión política de ninguna naturaleza, aquí en este país se respeta la separación de poderes y funciones, la Procuraduría Pública puede armar un caso y presentarlo a modo de solicitud ante la Fiscalía”, afirmó el titular de Justicia.

Refirió que la Fiscalía “tiene la titularidad de la acción penal” y es la única con la posibilidad, en estos casos de presunta corrupción de funcionarios regionales y locales, de denunciarlos ante un juez, quien finalmente es el que decide abrir un proceso o no.

APELACIONES

Asimismo, señaló que a fin de garantizar el debido proceso las apelaciones por parte de la defensa de las autoridades investigadas y con procesos penales deben resolverse lo más rápido posible, a fin de que permanezcan en prisión quienes deben estarlo y los que puedan concurrir al Poder Judicial bajo el mecanismo de comparecencia, lo hagan.

“Esto tiene que hacerse lo más rápido posible, pero sin duda hay que ver con buena luz en el camino de este túnel que atravesamos que las autoridades ya están tomando las acciones correspondientes”, precisó.

(Con datos de Andina)

Como parte del proceso judicial seguido por el caso La Centralita.

La Fiscalía Anticorrupción del Santa ha solicitado al Poder Judicial ordenar el levantamiento del secreto de las comunicaciones, así como el secreto bancario y las reservas tributaria y bursátil del recluido presidente regional César Álvarez, como parte de las investigaciones del sonado caso de corrupción La Centralita.

El fiscal Laureano Añanca Chumbe dijo hoy a un medio local que el pedido presentado ante el despacho del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria alcanza también al suspendido alcalde provincial Luis Arroyo Rojas; al empresario Martín Belaunde Lossio; y al asesor de imagen de Álvarez, Jorge Burgos Guanilo.

Añanca Chumbe añadió que, más adelante, esta solicitud se ampliará para las otras personas que están vinculadas con la presunta organización criminal que habría tenido como principal centro de operaciones el inmueble conocido como La Centralita.

En este sonado caso de corrupción, Álvarez Aguilar es investigado por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir. Pero en este proceso, con más de 40 implicados, también se investigan otros delitos, como lavado de activos y peculado.

(Redacción El Ferrol)

Ahijado de Álvarez abandonó el país dos días antes de audiencia de "La Centralita".

Dos días antes de la audiencia judicial que evaluaría su caso, Dirsse Valverde Varas, oscuro personaje del entorno de César Álvarez Aguilar, abandonó el país sin más ni más, al haber sido notificado de su presunta implicancia en el caso La Centralita.

En la diligencia realizada ayer por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, el juez Richard Concepción Carhuancho escuchó la denuncia formulada por la Fiscalía contra el conocido ahijado del suspendido mandatario ancashino y decidió dictarle orden de prisión preventiva por 18 meses por las acusaciones de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. Hoy por hoy, Valverde Varas es un prófugo de la justicia y por ello el Poder Judicial notificará a las autoridades de Migraciones para su ubicación y pronta captura.

El juez consideró que el viaje de Valverde al Ecuador es un indicativo de que pretende eludir el proceso por lo que emitirá una alerta a las autoridades para que sea apresado si retorna. Valverde, exgerente de Obras de la Región, es acusado de pertenecer a la presunta red delictiva que funcionaba en la denominada “Centralita”.

Según los testimonios a los que tuvo acceso la Fiscalía, Valverde sería testaferro del hoy preso César Álvarez y se ha detectado que es dueño de bienes inmuebles y un costoso automóvil, adquisiciones que no ha podido justificar con sus ingresos.

Se conoce que César Álvarez es padrino de matrimonio de Valverde Varas.

(Con datos de El Comercio)

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